CHOLULA, PUEBLA.- Las obras del parque intermunicipal Cholula, que afectan “el registro arqueológico de la milenaria Pirámide de Cholula”, han seguido su curso, a pesar de que se demostró que, hasta finales del 2015, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no había autorizado trabajo alguno.

De acuerdo con la denuncia que presentó el antropólogo Reynaldo Lemuz Nieto, admitida por la Procuraduría General de la República (PGR) –folio 1373/UEIDAPLE/LE/1/2015— y ratificada en septiembre de 2016, el proyecto viola al menos dos leyes federales que protegen monumentos y zonas arqueológicas, y los bienes nacionales. 

Esto debido a que “las obras en Cholula han destruido además del contexto arqueológico, el entorno social y cultural, al montar arquitectura europea siglo XXI en las ruinas arqueológicas con una edad milenaria, con esta acción el gobierno estatal incurre en una conducta xenofóbica o racista, al destruir el legado arqueológico y reprimir a los actuales habitantes de ese sitio para imponer un proyecto mercantilista”, dice la denuncia, que fue enviada a PiedePágina y LadoB a través de la plataforma Méxicoleaks.

 En el documento se responsabiliza al gobernador Rafael Moreno Valle y al alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano, además de ex funcionarios federales que han sido incluidos en la nómina del gobierno poblano, como María Teresa Franco, quien en agosto de 2016 dejó la dirección del INAH tras varios cuestionamientos por afectaciones al patrimonio arqueológico e histórico en varios estados entre ellos Puebla, Morelos y la Ciudad de México; desde marzo de 2011, Franco es además asesora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, organismo que preside el gobernador Moreno Valle.